Esta normativa, esperada durante más de tres años, establece las directrices y plazos para que todos los programas de facturación cumplan con la Ley Antifraude y las especificaciones técnicas de la Agencia Tributaria. La obligatoriedad de adaptarse a estos cambios introduce sanciones significativas para quienes no cumplan, y plantea un escenario de transformación en la infraestructura digital de las empresas. A continuación, analizamos en profundidad lo que implica este cambio y cómo puede afectar a las empresas.

Un sistema de facturación daptado para el control fiscal

La orden HAC/1177/2024 establece que todas las empresas y autónomos deberán tener un sistema de facturación certificado antes del 1 de julio de 2025. Este plazo es especialmente relevante, dado que aquellos que no cumplan podrían enfrentarse a sanciones de hasta 50.000 euros. Además, el reglamento da a los desarrolladores de software un plazo de nueve meses desde la publicación para ajustar sus programas a los requisitos, lo que establece como fecha límite el 29 de julio de 2025.

Requisitos específicos de los nuevos sistemas de Facturación

Para que los sistemas de facturación sean considerados legales bajo el nuevo reglamento, deberán cumplir con una serie de requisitos muy específicos, entre los cuales se destacan:

Integridad de los datos:
El sistema debe proteger los datos de facturación contra cualquier modificación, garantizando que, una vez emitida la factura, ningún elemento del sistema (ni el usuario) pueda alterarla.

Trazabilidad de los registros:
Cada registro debe estar vinculado al siguiente, formando una cadena que permita verificar la secuencia de creación de las facturas, mediante el uso de un “hash encadenado” que enlaza los registros.

Registro de eventos:
Cada interacción con el sistema (como el inicio o cierre de sesión) debe registrarse automáticamente. Esto permite una auditoría completa del sistema, reforzando el cumplimiento y control de los datos.

Separación de datos fiscales y confidenciales:
La normativa obliga a disociar la información fiscal de aquella confidencial no relevante a nivel tributario, para que Hacienda pueda acceder únicamente a los datos con relevancia fiscal.

Consecuencias para las Empresas: ¿Cómo asegurar el cumplimiento?

Para evitar sanciones, es imprescindible que todas las empresas y autónomos tomen las siguientes medidas antes de la fecha límite:

Actualizar o adquirir software certificado:
Es necesario garantizar que el sistema de facturación que se utilice esté debidamente adaptado al nuevo reglamento y certificado para cumplir con la Ley Antifraude.

Formar a los equipos:
Invertir en formación es fundamental para asegurar que todos los empleados que utilizan el sistema de facturación comprendan los nuevos requisitos y procedimientos.

Evaluar la opción de Veri*factu:
Decidir si es conveniente activar el envío automático de facturas a Hacienda o si es más conveniente utilizar el sistema como No Veri*factu. Esta elección dependerá de cada modelo de negocio y su capacidad para gestionar la transparencia fiscal en tiempo real.

Conclusión:

La publicación de la orden ministerial que desarrolla el Reglamento Veri*factu exige un cambio significativo en los sistemas de facturación de empresas y autónomos. La normativa pretende aumentar la transparencia y control sobre los datos fiscales, alineándose con el compromiso de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude. Las empresas deben actuar de forma proactiva y estratégica, no solo para evitar sanciones, sino para aprovechar esta oportunidad de digitalización y adaptación a un marco fiscal más exigente y transparente. Implementar las actualizaciones necesarias y contar con un software certificado garantizará el cumplimiento y la estabilidad fiscal de cada negocio en este nuevo entorno normativo.

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